Tributación de las adjudicaciones de vivienda en la herencia

4 JUL 2018

Sucesiones

Alfonso Cruz Navarro

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En el día de ayer se publicó en el Diario de Sevilla una noticia cuyo encabezamiento era el siguiente:

La Junta cobra ya por una gran mayoría de herencias que estaban exentas: “Obliga ahora a pagar por Actos Jurídicos Documentados (AJD) al adjudicatario de la única vivienda de una masa hereditaria que ha compensado en dinero a los demás herederos”

Lo anterior resulta novedoso jurídicamente, además de que da mucho juego periodístico, porque al poco tiempo de reformar el Impuesto de Sucesiones cambian de criterio para empezar a recaudar por un nuevo concepto, convirtiéndose la Agencia Tributaria de Andalucía “pionera” a nivel nacional en la aplicación de este criterio.

Para escribir esta entrada hemos tratado de tener acceso a la fundamentación jurídica de esta decisión y para ello hemos tratado de encontrar en internet la Circular 1/2017 de 13 de octubre, a la se hace mención en la noticia, e igualmente la hemos solicitado en el teléfono de Atención Tributaria de la Agencia Tributaria de Andalucía, pero nos informan de que por ahora no es pública, lo cual clama al cielo y redunda de forma muy negativa en la imagen de la Hacienda Pública por su falta de transparencia.

En esta entrada queremos explicar en qué afecta a los contribuyentes esta nueva situación, si bien, debemos advertir que no disponemos de toda la información necesaria para rebatir el nuevo criterio interpretativo.

Tal y como se recoge en la noticia, la Agencia Tributaria ha decidido gravar un supuesto de hecho muy habitual en las herencias modestas, los casos en los que hay varios herederos, una única vivienda que se adjudica a uno de ellos y los demás bienes o dinero en cuenta corriente son insuficientes para compensar al resto de herederos. Pongamos un ejemplo:

Herederos: Felipe, Cristina y Helena.

Bienes de la herencia: Vivienda valorada en 90.000 euros y dinero en el Banco, 30.000 euros.

El total de los bienes de la herencia están valorados en 120.000 euros, como son tres herederos a cada uno le corresponde asignarse bienes por valor de 40.000 euros. Dado que la vivienda es indivisible y a uno de ellos les interesa adjudicársela, el reparto de bienes sería desigual:

Para Felipe la vivienda: 90.000 euros.

Para Cristina dinero:15.000 euros.

Para Helena dinero: 15.000 euros.

Solución: Ante la imposibilidad de hacer lotes iguales porque el dinero en las cuentas resulta insuficiente para ello, este desequilibrio se compensa mediante un pago de Felipe a sus dos hermanas, es decir, este debe pagarle 25.000 euros a cada una ellas. De esta forma, el resultado final es que cada uno recibe lo mismo, 40.000 euros.

Hasta la fecha resultaba pacífico que haciendo esta operación en el momento de la partición de la herencia no había que tributar por Actos Jurídicos Documentados, dado que estamos es sede del Impuesto de Sucesiones.

Pero, tras el cambio de criterio, la Agencia Tributaría les puede reclamar el pago de AJD por la adjudicación de la vivienda, el cual ascendería a un 1,5% de los 90.000 euros, es decir, habría que pagar 1.350 eurosAntes no se pagaba nada.

 

Debemos añadir que, además de ser esta una operación particional muy habitual, resulta incluso deseable porque los bienes en proindiviso son una fuente habitual de conflicto. Tanto es así, que se puede decir que el Código Civil las fomenta en su artículo 1062:

“Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero.”

La interpretación más generalizada de la tributación de actos particionales la encontramos en una recientemente Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos, V3741-16 de 07 de septiembre de 2016, donde se planteaba por el consultante una operación exactamente igual a la expuesta y se llegaba a la siguiente conclusión:

“La clave está precisamente en los artículos del Código Civil que se citan, pues si el exceso de adjudicación que origina la compensación en metálico se fundamenta en lo dispuesto en alguno de ellos no estará sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD. En tal caso, dicho exceso de adjudicación no tributará de forma independiente como tal, sino que sólo procederá la tributación en el ISD, por la porción hereditaria recibida por cada uno de los sucesores del causante (el consultante y su hermana), con independencia de que la hermana reciba parte de su herencia mediante una cantidad en metálico en compensación de los inmuebles que recibe el consultante. En caso contrario, el exceso de adjudicación deberá tributar por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, ya que se tratará de una operación distinta –y posterior– a la de la partición y adjudicación de la herencia.”

Es decir, la Dirección General de Tributos aclaraba que cuando esta operación se hace en el momento de la aceptación y partición de la herencia tributa por Sucesiones y por lo tanto no se tributa por Actos Jurídicos Documentados. Cuestión distinta es que se haga con posterioridad, una vez aceptada la herencia y constituida la comunidad de bienes, en tal caso, al ser una operación posterior e independiente de la herencia, según ellos, sí que tributaría por Actos Jurídicos Documentados.

Y la Dirección General de Tributos no hace sino seguir la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en reiteradas ocasiones (sentencias de 23 de mayo de 1998 y de 28 de junio de 1999) ha dicho que:

“La división de la cosa común y la consiguiente adjudicación a cada comunero en proporción a su interés en la comunidad de las partes resultantes no es una transmisión patrimonial propiamente dicha –ni a efectos civiles ni a efectos fiscales– sino una mera especificación o concreción de un derecho abstracto preexistente. Lo que ocurre es que, en el caso de que la cosa común resulte por su naturaleza indivisible o pueda desmerecer mucho por su división –supuesto que lógicamente concurre en una plaza de aparcamiento e incluso en un piso (no se trata de la división de un edificio, sino de un piso, artículo 401 Código Civil)– la única forma de división, en el sentido de extinción de comunidad, es, paradójicamente, no dividirla, sino adjudicarla a uno de los comuneros a calidad de abonar al otro, o a los otros, el exceso en dinero –artículos 404 y 1.062, párrafo 1.º, en relación éste con el artículo 406, todos del Código Civil–.

Esta obligación de compensar a los demás, o al otro, en metálico no es un «exceso de adjudicación», sino una obligación consecuencia de la indivisibilidad de la cosa común y de la necesidad en que se ha encontrado el legislador de arbitrar procedimientos para no perpetuar la indivisión, que ninguno de los comuneros se encuentra obligado a soportar –artículo 400 del Código Civil–.”

 

El Tribunal Supremo parece tener un criterio aún más benévolo que la Dirección General de Tributos, por el que no habría que pagar en ningún caso, ni con la adjudicación de la vivienda en la partición de la herencia, ni aun después en la extinción del proindiviso. Esto último es un tema muy complejo, que ha dado lugar a jurisprudencia contradictoria, y no queremos profundizar en esta entrada, pero nos gustaría que quedase claro que mientras parece que la tendencia es a facilitar la no perpetuación de situaciones de copropiedad no teniendo que tributar por ello, la Agencia Tributaria Andaluza se desmarca en sentido contrario.

 

Parece que se ha interpretado la norma para encontrar la conexión entre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto de Sucesiones en la partición de la herencia, compatibilizando la sujeción a ambos impuestos. Por ello, nuestra Administración se posiciona a la “vanguardia” de la recaudación de este impuesto, pero ello no impide a los contribuyentes discutir este criterio en vía administrativa o posteriormente en vía judicial, dado que lo más probable es que estas resoluciones acaben siendo revocadas por los tribunales.

Queremos acabar reiterando que el hecho de que no haga pública la fundamentación de esta decisión redunda muy negativamente en la imagen de la Administración y pone de manifiesto su interés recaudatorio por encima de la seguridad jurídica en la aplicación e interpretación de la norma tributaria. Con ello dificulta el debate público o la posibilidad de que los contribuyentes afectados, “auténticos conejillos de indias”, puedan fundamentar sus alegaciones. 

 

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